Ante la falta de compromiso para aplicar un fuerte tijeretazo al gasto del Estado, y de forzar que las 17 autonomías y los 8.000 ayuntamientos hagan lo mismo -todos ellos endeudados hasta las cejas-, el Ejecutivo va a optar por la subida de impuestos, en particular del IRPF, a partir de 2010. Necesita hacer caja con urgencia y va a centrar su objetivo en los impuestos sobre los que dispone de mayor control.
De ahí que haya empezado por subir los impuestos de las gasolinas, el gasóleo de automoción y el tabaco. Son habas contadas, porque cada cisterna que sale de la Corporación Logística de Hidrocarburos tiene a un inspector detrás. Y las cajetillas de tabaco necesitan el sello de Hacienda para su comercialización.
¿Cómo puede obtener ingresos rápidos? Con el IRPF, que grava exclusivamente a las rentas de trabajo, el verdadero caladero de las arcas públicas. ¿Y de qué tipo de rentas puede recaudar más? De las medias, que son casi cinco millones de declarantes, con ingresos de entre 21.000 y 60.000 euros, y que aportan cerca del 50% de la recaudación total de Hacienda.
Las rentas bajas declaradas, donde se concentra el mayor interés electoral, o no tributan o pagan muy poco al fisco. Cualquier empresario puede diseñarse su sueldo para pagar menos. Prueba de ello es que los autónomos declaran de media un 25% menos de ingresos que cualquier trabajador.
Por su parte, las altas no existen en el IRPF. Ni unas ni otras sufrirán, por tanto, los efectos de la reforma fiscal.
Como rentas altas, si se entiende como tales aquellas que obtienen ingresos superiores a 60.000 euros anuales, sólo constan para el fisco medio millón de personas (el 3%), de los casi 18 millones de declarantes. Son cerca de 500.000 ricos, que tienen un tratamiento fiscal discriminatorio respecto a las rentas de trabajo. Muchos de ellos se encuentran tras las denominadas Sicav, que tributan al 1% gracias a una exención del 99%. Además, el PSOE ha suprimido el Impuesto de Patrimonio y ha permitido que los contribuyentes deslocalizados en paraísos fiscales puedan comprar deuda española de forma anónima.
También tributan al 18% las rentas de capital y las patrimoniales, a diferencia de las de trabajo, que lo hacen hasta el 43%. Para todas ellas, no habrá ninguna subida de impuestos.
El porqué es evidente. La propia vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha reiterado que subir los impuestos a este colectivo tendría «poca capacidad recaudatoria».
El PSOE intentó esta semana aprobar una enmienda para instar al Gobierno a una subida de impuestos, en la que ya trabaja, para las rentas más altas y el aumento de la progresividad del IRPF (para que pague más quien más gana).
Sin embargo, las rentas elevadas, las de verdad, no constan en el sistema fiscal español. Ni el Gobierno tiene intención, aunque figure en su programa electoral, de «mejorar la equidad y la justicia fiscal». SIGUE EN PÁGINA 2
Los expertos, aunque son conscientes de que el Gobierno necesita dinero urgente, manifiestan la falta de equidad fiscal. Los inspectores, incluso, denuncian la ausencia de medios para combatir el fraude fiscal y la limitación de la actuación a las rentas de trabajo.
Francisco de la Torre, portavoz de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda, dice que el IRPF no es un instrumento válido para determinar qué individuos tienen grandes ingresos, «porque los titulares de grandes fortunas pueden determinar qué ingresos percibirán como persona física», mientras que tienen capacidad para eludir los de otra índole.
En este sentido, denuncia el tratamiento fiscal de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicav), que el PSOE -con el acuerdo del PP- ha sacado de la posible inspección de Hacienda para someterlas al control de la CNMV. El supervisor no ha suspendido a una sola Sicav por incumplir los requisitos exigidos para ser considerada sociedad de inversión colectiva (entre ellos, el de tener a 100 accionistas). Sin embargo, los inspectores encontraron en 2005 (en la primera actuación) más de un centenar de sociedades que utilizaban mariachis (empleados de las gestoras, prestados como socios). Pero las actas fueron archivadas.
De la Torre extiende esta práctica de casi nula tributación de las grandes fortunas a la bonificación del 99% de las sociedades de capital riesgo o a las entidades de tenencia de valores extranjeros, que no tributan por dividendo y plusvalía de fuente exterior. De cualquier forma, las rentas mobiliarias sólo pagan el tipo único del 18%, sin progresividad alguna.
También menciona las habituales operaciones de sociedades instrumentales e interpuestas a través de zonas de poca tributación como Holanda (5%) o a través de paraísos fiscales, desde donde se controlan «muchas sociedades patrimoniales», dice. Además, añade a este catálogo de tributaciones laxas a los deportistas impatriados (pagan el 24% frente al 43% de los contribuyentes) o incluso a los españoles que fijan su residencia en paraísos fiscales y que luego representan a España en las competiciones. «La Agencia Tributaria debería ser más eficaz contra la evasión fiscal asociada a los grandes patrimonios, nos faltan medios personales», señala.
Por si fuera poco, el Gobierno permite invertir en deuda pública desde paraísos fiscales y ha eliminado el Impuesto de Patrimonio en lugar de reformarlo. «Nos deja sin información, sobre todo de las operaciones con acciones de empresas no cotizadas», señala De la Torre.
¿Cuantos ricos de verdad hay en España? Un informe de Merryl Linch de 2008 dice que hay 127.000 fortunas por encima de un millón de dólares. Pero no incluye el patrimonio inmobiliario ni a sus tenedores. Y en España, hay mucha fortuna en el ladrillo y en el sector rústico.
En el Impuesto de Patrimonio aparecen más de 300.000 ciudadanos con patrimonios superiores al millón de euros. Y no están todos los que son porque al haber sido transferido a las autonomías, Hacienda había dejado de hacer comprobaciones. Por su parte, en las 3.369 Sicav aparecen 440.000 partícipes (no todos son ricos), de las que 27 tienen un patrimonio social de 90 millones de euros. El patrimonio total es de 27.143 millones.
Salvo en Irlanda, con un modelo de crecimiento económico similar al español y que ahora tiene sus finanzas públicas en un proceso de quiebra técnica, ningún Gobierno ha anunciado subida de impuestos directos en plena recesión. Alemania, cuya economía no se sustenta en el consumo, ha subido el IVA; mientras que Estados Unidos ha decidido incrementar sus medios materiales y personales para combatir el fraude fiscal en los paraísos fiscales.
Todos los expertos señalan que una subida de impuestos en España podría retrasar la salida de la crisis económica. Significa detraer liquidez del bolsillo de los ciudadanos, que postergarán cualquier decisión de consumo. Además, reduciría sus posibilidades de ahorro, precisamente cuando más lo necesita la economía, frente al despilfarro de los últimos años, cuando las entidades tuvieron que acudir a los mercados internacionales en busca de financiación, otro de los desequilibrios de la situación actual.
Incluso el Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha advertido de que las subidas de impuestos podrían «esterilizar» los efectos expansivos de las medidas de impulso adoptadas.
El Gobierno, que tendría que haber aplicado ya en los presupuestos de 2008 un duro ajuste, llega de nuevo tarde. Según apunta De la Torre, el «Gobierno necesita subir los impuestos en 2010 para recaudar al menos 15.000 millones adicionales» y cumplir los objetivos del techo de gasto (183.000 millones). Si esa cifra se concentra en el IRPF, como se desprende de los anuncios de los altos cargos de Hacienda y del Gobierno, «necesita aumentar un 20% la recaudación actual».
Y si en enero de 2008, en plena campaña electoral del 9-M, la medida de reducir 400 euros a las nóminas de trabajo para aliviar a los ciudadanos de la carga de las hipotecas era «hiperprogesiva», como dijo la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ahora el PSOE decide suprimirla porque beneficia a las rentas más altas.
Además, Zapatero anunció que esta devolución era «un compromiso para toda la legislatura» y que iba a general 104.000 empleos.
Según los expertos, eliminar los 400 euros es «una enorme subida del IRPF». «Será el incremento de impuesto más elevado hasta ahora», matiza Luis del Amo, director general del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).
Para evitar un importante desgaste político -la declaración de la renta de 2010 coincidirá con las elecciones municipales de 2011-, esta supresión podría concentrarse sólo en las rentas superiores a los 21.000 euros, según fuentes de Hacienda. Es decir, las que obtienen los 400 euros íntegros al generar cuota suficiente.
Medida electoral
De cualquier forma, a un año después de su implantación, todavía el Gobierno no ha facilitado los datos del coste real de esta medida, que no se puso en marcha para combatir la crisis sino para ganar las elecciones. El Ministerio de Economía tiene presupuestado para 2009 un coste de 5.800 millones. Sin embargo, la cifra no llegará este año a los 4.000 millones porque hay 1,4 millones de parados mas que han dejado de percibir esta devolución.
Otra de las ofertas electorales de Zapatero, los 2.500 euros por nacimiento, también va a desaparecer a partir de este límite (21.000 euros), aunque todavía no hay una decisión política al respecto. El PSOE se olvidó de la progresividad de esta prestación y la ha estado dando generosamente a cualquier madre, sea cual fuere su renta.
Como anunció Zapatero en del Debate del estado de la Nación, también se quiere limitar la deducción por vivienda según los ingresos. Inicialmente, el presidente dijo que a partir de 24.000 euros, pero podría elevarse ese límite. Sin embargo, salvo que el Gobierno decida un nuevo cambio de criterio, esta medida se aplicará a partir de 2011. Por tanto, no tendrá incidencia recaudatoria alguna en 2010 y su coste fiscal previsto se mantendrá en 4.300 millones.
Por todo ello, los tipos marginales máximos a partir de 21.000 euros pueden sufrir también un incremento. Entre estos ingresos y los 60.000 hay casi cinco millones de liquidaciones, que pagan casi 30.000 millones de euros a Hacienda (la mitad de la recaudación total).
El problema es que, si estos tipos marginales suben mucho y se alejan de los vigentes del Impuesto de Sociedades (25% para las pymes), es muy posible que muchos directivos se bajen el sueldo que se diseñan para pagar menos aún por IRPF. Esta es una de las prácticas más habituales que denuncian los inspectores frente a la transparencia de las nóminas.
De aquí que sea en los tramos de rentas medias donde se concentra la mayor parte de la tajada recaudatoria. Por arriba, cada vez hay menos rentas declaradas, mientras que por debajo de los 21.000 euros aumentan espectacularmente, incluso en los años del boom económico. Por ejemplo, es llamativo que el 42% de los contribuyentes declaren ingresos inferiores a 12.000 euros. De esta forma, no sólo pagan menos impuestos sino que sus hijos pueden beneficiarse del gasto social de guarderías y becas.
